En una columna que fue publicada en el diario mexicano Reforma, la Embajadora recordó este 10 de diciembre los 30 años de Democracia en nuestro país.

Aquí, el artículo completo:
El 10 de diciembre se cumplen treinta años desde que se inaugurara el periodo democrático más largo de nuestra historia. En estos treinta años la sociedad argentina protagonizó una construcción compleja, a veces dolorosa, jalonada de marchas y contramarchas, en la que la palabra crisis nunca dejó de estar muy lejana en nuestro horizonte temporal.

Crisis económica, política, social o militar, en cualquiera de las combinaciones posibles, fueron sustantivos y adjetivos que ejercieron como lastre en la mochila de la sociedad argentina en su derrotero democrático.

La joven democracia argentina se edificó sobre los escombros de una ponzoñosa herencia que dejó la dictadura cívico-militar: una insensata guerra perdida, violaciones masivas a los derechos humanos (en un grado inédito en la historia argentina), la demolición de su industria y un endeudamiento externo estéril que, en lugar de servir para modernizar la infraestructura, se fue por la cloaca del armamentismo, la corrupción y la fuga de capitales.

A pesar de tales condicionantes, y no sin contradicciones, la sociedad argentina se dio a construir un marco de convivencia muy diferente al heredado. Treinta años después, y muy a contramano de cierto pensamiento decadentista que emana de algunos medios nacionales y extranjeros, la Argentina es hoy muy diferente a la que inició su periplo democrático.

La conciencia de pertenencia a la casa común latinoamericana sirvió para que se zanjaran, de forma definitiva, todas las cuestiones limítrofes pendientes con Chile. También se replantearon las relaciones con Brasil, que pasaron del recelo a la alianza estrecha, para conformar junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela el Mercosur. La Argentina también cimentó la Unasur, que integra a todos los estados sudamericanos y fue una activa protagonista, junto a México, en el Grupo de Río -hoy CELAC- . Todos estos espacios fueron fundamentales para preservar a las democracias latinoamericanos de intentos golpistas, de viejo o nuevo cuño.

La democracia argentina adoptó, asimismo, una generosa política migratoria que reconoce derecho a la residencia a los nacionales de cualquier país sudamericano que ya no son inmigrantes irregulares, sino hermanos de la misma Patria Grande.

En materia de derechos humanos, son muy pocos los países que pueden exhibir un acervo tan fecundo en esta materia. Desde el histórico juicio a las juntas militares, hasta los no menos históricos y recientes procesamientos a cientos de responsables de crímenes de lesa humanidad, la Argentina puede mostrarse orgullosa al mundo de haber impulsado una política de memoria, verdad y justicia casi sin parangón, derogando leyes de impunidad que intereses corporativos arrancaron de la debilidad de algunos Gobiernos democráticos.

Los derechos individuales y colectivos también se expandieron en forma significativa en estos treinta años, por el reconocimiento constitucional y legal de los denominados derechos de segunda y tercera generación, que consagraron el matrimonio igualitario, los derechos ambientales, del consumidor, de los pueblos originarios y la ley de medios de comunicación audiovisuales (que propicia la pluralidad y la desconcentración en ese sector).

Fue en el terreno económico-social en el que la democracia argentina acumuló deudas pendientes con su sociedad. La irrupción del Estado de Derecho no implicó, pese los a los iniciales augurios, mejor salario, salud o educación. Malas políticas, que en muchos casos fueron legitimadas electoralmente por una sociedad disciplinada por propaladoras mediáticas acríticas, instalaron la idea de que el retroceso acelerado e indiscriminado del Estado sería el disparador de la prosperidad y que los mercados devolverían a la Argentina a un lugar de privilegio. El espejismo duró poco y la resaca hundió al país en una de las crisis más profundas de la historia y en un infierno de pobreza, desocupación y desindustrialización.

A partir del 2003, otro proyecto global de país entró en escena. El Estado recuperó su rol protagónico en la construcción de un país más justo y en la toma de decisiones político-económicas que contribuyeron a generar el periodo de mayor crecimiento con inclusión social de los últimos 200 años. Este proyecto se tradujo en políticas públicas que, entre otras, apuntaron a cerrar las brechas sociales y tecnológicas, a crear empleo y jubilaciones decentes, a fortalecer la autonomía a través del fuerte desendeudamiento y a devolver a la Argentina su vocación industrial.

Estos fueron treinta años de intensos cambios; de avances y retrocesos, de victorias y derrotas. Balance de por medio, la sociedad argentina tiene, independientemente de sus preferencias políticas, mucho que celebrar: un país mejor, en suma, que el que teníamos en diciembre de 1983.